En la década de los ochenta del pasado siglo, la irrupción de la tecnología digital propició un cambio radical en las infraestructuras en la prestación de servicios de las telecomunicaciones. Originariamente, cada red estaba diseñada para un determinado servicio audiovisual, evolucionando a redes que ofrecen simultáneamente telefonía y acceso a Internet. A este fenómeno se le denomina «convergencia», cuya definición se ha ampliado a otros niveles como el normativo, siendo este último un auténtico quebradero de cabeza para el legislador.
Esta nueva capacidad de las infraestructuras contribuyó a la paquetización de las telecomunicaciones a precios inferiores a la suma de los individuales. Así, la tasa de crecimiento de los abonados aumentó significativamente, lo que ha propiciado el incremento de los hogares con acceso a ofertas de televisión en abierto y de pago y a la banda ancha.
Por tanto, cuando una institución pretende «diseminar contenidos simbólicos a públicos de muy amplia naturaleza, heterogéneos y sumamente dispersos» (Denis McQuail) utiliza artilugios tecnológicos, es decir, recurre a los medios de masas: prensa, radio, televisión e Internet. Analizando la importancia que poseen estos medios, son los ámbitos en los que se exponen los asuntos públicos nacionales e internacionales; representan el entorno en el que se construye la cultura y los valores de la sociedad; son los recursos al alcance de los organismos para innovar e incluso son la principal fuente de fama. En función de lo anterior, cabe preguntarse si existe un marco normativo que respete la competencia, el pluralismo y el acceso libre y no discriminatorio tanto en la transmisión como en el contenido (no se deben controlar en conjunto).
En nuestro país, la regulación debe ser simétrica en esta nueva producción y distribución de información, ya que existe una difuminada distinción entre operadores de televisión de pago y televisión en abierto, debido a las fusiones y acuerdos de gigantes tales como Telefónica y Sogecable, Antena 3 TV y la Sexta, Telecinco y Cuatro, cuyo objetivo es la explotación conjunta de servicios tradicionales de televisión y acceso a la Red. Solo así, el fenómeno de la convergencia de medios no atenderá exclusivamente a intereses económicos sino también sociales.