[L]os analistas cuantifican todo aquello que sea susceptible de ello; hasta las opiniones. Según estos profesionales, solo el 30 % de lo que se publica en Twitter vale la pena ser leído. El resto solo son teletipos narcisistas, críticas (des)constructivas y estupideces varias. “La dictadura de la opinión”, se aquejan los gafapastas. Hemos pasado de las cartas al director, comentarios en las noticias digitales o incluso los foros, a un entorno en el que la verborrea se confunde con la libertad de expresión.
Y aunque no debería pillarnos por sorpresa que los esperpentos utilicen el anonimato para difamar e insultar, el Panem et circenses no está dando resultado. Algunos políticos se quejan de vejaciones, y que la red microblogging parece el salvaje oeste. Indefensión es lo que sienten, y esa es la razón por la que una alcaldesa convino opinar sobre la inaceptable situación que vive la clase política en la Red; la culpa, como era de esperar, la tienen las personas que se atreven a pedir comida en servicios sociales ¡teniendo Twitter! ¡Con lo cara que es la banda ancha!
Seamos comprensivos: la mayoría vive en una realidad paralela. No debe ser fácil (nótese la ironía de aquí a final de párrafo) para los que van a trabajar en coche oficial, con la pertinente dieta y móvil costeados, ponerse en la piel de aquellos que rebuscan en la basura. Tampoco debe ser fácil leer esos feroces tuits sobre reformas económicas cuando se tiene derecho a una pensión máxima con tan solo siete años cotizados. Las habilidades sociales y la empatía quedan en algún punto del camino inmunizados, porque no me explico la incapacidad del político español para dimitir o destituir. Pero, eso sí, para quejarse de que se sienten humillados por los esbirros (que no ciudadanos) de la oposición, sí.
Ahora, no confundamos ciberbullying (intolerable y que debe tener sus consecuencias jurídicas) con el malestar social, y este ha encontrado un lugar en el que desahogarse —y siempre será mejor que prenderle fuego a las cosas—. Así que basta ya de estupideces: todo poder (o privilegio) tiene un coste. Y el de los políticos es muchísimo menor que el del ciudadano de a pie.