“¿Queremos permitir métodos de comunicación entre personas que no podamos leer, hasta en un caso extremo?”, pregunta David Cameron, primer ministro de Reino Unido, a raíz de los últimos atentados yihadistas en Europa. Por supuesto, el objetivo de su disertación es anunciar, si sale reelegido en mayo, una modificación de la Ley de Comunicación de Datos para prohibir el uso del cifrado en las plataformas de mensajería y poder interceptar conversaciones entre terroristas.
Cabe puntualizar que no prohíbe este tipo de plataformas, sí pretende disponer de un instrumento legal que facilite a los servicios secretos el espionaje masivo que denunció Eduard Snowden. De hecho, esto último propició que Zuckerberg, el nuevo “abanderado” de la libertad de expresión, introdujera los chats encriptados. Así, los mensajes que salen de un teléfono móvil no pueden ser interpretados ni siquiera por los propios servidores, garantizado la seguridad —incluso frente a los gobiernos— que exigíamos algunos usuarios, mientas otros tecleaban (y continúan haciéndolo) en Google “¿Cómo espiar el WhatsApp de alguien?”, manteniendo la estafa de los servicios de SMS.
Sí es cierto que los terroristas islámicos utilizan Internet para reclutar, recaudar fondos, hacer propaganda y difundir información. Lo hacían desde antes del 11-S, aunque la primera web de al Qaeda nació ese mismo año: un portal para sus notas de prensa en árabe. La consolidación de los medios sociales, cuya antesala fueron los foros en los que compartían textos traducidos al inglés, contribuyó a la conexión internacional. Pero conscientes de la vigilancia, utilizan software de codificación como Secrets de Mujahideen 2.0 (pese a lo obvio del nombre les resulta más confiable su uso). Y no contentos con haber pasado de vídeos de baja calidad (hasta de 5 megas) a Blu-Ray, el 21 de septiembre de 2013, coordinaron el atentado al centro comercial Westgate por Twitter, según un reportaje del magacín VICE. En nuestro país, el PP pretende pactar con el PSOE una ley orgánica urgente para endurecer las penas relacionadas con el enaltecimiento del terrorismo, sobre todo en la Web. Otra acción marginal que, sumada al despropósito de Cameron, cuestiona hasta qué punto debemos permitir que vulneren nuestra privacidad para anteponer la seguridad a la libertad.