Google, el “cerebro mundial”, está atragantado con el derecho al olvido. En casi cuatro meses, desde su aprobación por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), acumula 120.000 solicitudes de eliminación de registros personales en los resultados de búsqueda. De hecho, son unas cifras que se multiplican si atendemos a los enlaces, por lo que, aproximadamente, debe valorar la desindexación de más de 450.000. Por si fuera poco, cada una de estas peticiones debe ser evaluada individualmente, ya que la sentencia no aclara quién puede acogerse a este derecho, de qué forma y cómo no vulnerar a otros fundamentales. Es más, aun pareciendo una paradoja, una información en un medio digital es legal, mientras que la URL a la misma en los buscadores no.